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Santiago Thomás de Carranza, socio director de la firma de abogados que gestiona legalmente más de 14.000 inmuebles, sostiene “que el mercado residencial vive otra época complicada, tanto por las subidas en vertical del precio de la vivienda como por el empeoramiento de la seguridad jurídica en el mercado», algo a lo que, en su opinión, «ha estado influenciado por la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda”.
En una entrevista mantenida con el periódico digital La información, el abogado afirma que “los problemas que hay con la ocupación ilegal, la dificultad para hacer valer los contratos de arrendamiento y para poder recuperar las posesiones de las viviendas, así como la incertidumbre sobre el estado en el que se recuperarán los inmuebles son los principales elementos que están generando mayor inseguridad a los propietarios de viviendas”. Santiago Thomás de Carranza remarca “la importancia de dar estabilidad jurídica y confort al propietario, especialmente, en un mercado como el nuestro, en el que el 95% de los dueños son pequeños tenedores”.
Además, en relación con la rentabilidad del mercado inmobiliario, el experto en derecho inmobiliario señala que “a pesar de que invertir en inmuebles puede seguir siendo beneficioso, no lo es para todo el mundo. Es necesario tener capacidad para aguantar, lo que provoca que los grandes propietarios se concentren en las grandes ciudades, frente a los pequeños, que les resulta más difícil comprar y afrontar riesgos”.
En referencia a la okupación, Santiago Thomás de Carranza explica que “a pesar de que es un fenómeno que llevamos arrastrando desde hace tiempo, se está mejorando gracias a que la sociedad tiene cada vez menos tolerancia y, por ende, hay menor transigencia en los tribunales, sin embargo, sigue siendo un problema real. La okupación se concentra en zonas concretas, como Cataluña o Madrid”.
Preguntado por el digital económico sobre la situación en Cataluña, primera comunidad autónoma en aplicar la regulación de precios al alquiler contemplada en la Ley de Vivienda, Santiago Thomás de Carranza está convencido de que “es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en el sector inmobiliario, sobre todo en Barcelona. Los promotores huyen de Cataluña. También hay una tolerancia inadmisible con la okupación ilegal, por las trabas y dificultades para hacer valer los contratos. Es muy difícil recuperar la vivienda, sobre todo si hay casos de vulnerabilidad económica por medio. Es una tragedia, pero no hay que trasladar la carga sobre los estrechos hombros de los propietarios porque las administraciones no hayan llevado a cabo su mandato de construir más vivienda social y protegida a lo largo de los años. Al final, la gente deja de invertir. No quiere invertir en Barcelona, no tienen seguridad jurídica. Además, han optado por una lógica de ‘buenos y malos’ y los propietarios no tienen la culpa de que no se haya construido vivienda pública”.
Tribunales: el último recurso
Desde la experiencia de más de 25 años trabajando legalmente en el sector inmobiliario, Santiago Thomás de Carranza cree que cuando surge un problema de impago repetido con un inquilino «judicializarlo es el último recurso. Es lo peor que se puede hacer para gestionar una cartera. Lo que hay que hacer es coger el teléfono. Llamar al inquilino y preguntar qué ocurre y la mayoría de las veces, al preguntar, salvas el contrato, que es lo que los dos quieren. Y cuando de verdad no puede, buscas alternativa».
«A mí me parece razonable que se busque una rentabilidad, pero no a cualquier precio. Si compras un edificio y hay alquileres, hay que respetar esos alquileres. Y si tratas de establecer unas condiciones para que la gente se vaya, eso es moralmente inadmisible. No todo se puede defender a cambio de una rentabilidad. Es legítimo buscar rentabilidad, pero no a cualquier precio. Hay otras fórmulas. Hablar con los arrendatarios y llegar a acuerdos. Y si tratas de ir por la calle de en medio no es ni lícito ni aceptable”, añade.
Seguros de impago, ¿la solución?
Los seguros de impago han crecido considerablemente en los últimos años. “Ofrecen una garantía a los propietarios, pero, sin embargo, también implican un incremento del coste de los alquileres, ya que acaban repercutiéndose al inquilino. Los requisitos que se piden para arrendar son elevados y solo acceden al alquiler aquellos que tienen una mayor estabilidad, la gente que más lo necesita no puede entrar a una vivienda porque no hay mercado para ellos”, añade Thomás de Carranza.
Acceso a la entrevista completa: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cataluna-ejemplo-todo-no-se-debe-hacer-sector-inmobiliario/2900763/
