El Gobierno ha aprobado la modificación del artículo 1 del conocido como Real Decreto COVID, vigente desde 2021, que regula la suspensión de los procedimientos judiciales de desahucio y recuperación posesoria cuando los demandados acreditan encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.
La medida, prorrogada de forma sucesiva en los últimos años, amplía ahora su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo la posibilidad de suspensión de los procedimientos para ocupantes en situación de vulnerabilidad.
Junto a esta prórroga, la nueva redacción incorpora una novedad relevante: los propietarios que también se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o que sean titulares de menos de dos viviendas en propiedad podrán solicitar que se reactive el procedimiento judicial suspendido con el fin de recuperar su inmueble.
La modificación deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados. En caso de no convalidarse, el texto volvería a su redacción anterior, lo que implicaría que, para levantar la suspensión, el propietario debería someterse previamente a un procedimiento administrativo de mediación, conforme a lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley de Vivienda.
En este contexto, Íñigo Sánchez del Campo, socio de Thomás de Carranza Abogados, recuerda que la prórroga mantiene el régimen de suspensión de desahucios para personas vulnerables, pero abre por primera vez una vía para que determinados pequeños propietarios puedan solicitar la reactivación del procedimiento, si bien advierte de que el alcance definitivo de la medida dependerá de su convalidación parlamentaria.
La nueva regulación exige, por tanto, un análisis individualizado de cada caso para determinar si concurren los requisitos necesarios tanto para solicitar la suspensión como para instar el levantamiento de esta.
