Santiago Thomás de Carranza, socio director del despacho, ha analizado los efectos de las nuevas leyes de vivienda en España durante su intervención en el VI Congreso Inmobiliario de Idealista. Celebrado en el Teatro Real, el encuentro ha contado con la asistencia de más de 1.000 clientes de la plataforma inmobiliaria.
En su intervención, Thomás de Carranza ha puesto el acento en el impacto social del problema de la vivienda y en la necesidad de abordar reformas estructurales desde un “enfoque técnico y no ideológico”. Además, ha subrayado que” la dificultad de acceso a la vivienda está afectando de manera directa a las clases medias y a los colectivos más vulnerables, obligando a miles de familias a abandonar los centros urbanos y a optar por viviendas más pequeñas y alejadas”. En este contexto, ha advertido: “Si no conseguimos ofrecer viviendas dignas a la clase media, la democracia desaparecerá”.
El experto ha calificado de “ineficaces” las medidas adoptadas en los últimos años en materia de vivienda y describe el actual escenario como un mercado “muy complejo”, marcado por un desequilibrio histórico entre oferta y demanda. A este respecto, ha recordado que España alcanzará este año los 49,5 millones de habitantes y que, según el Banco de España, existe un déficit aproximado de 700.000 viviendas, mientras que el ritmo de construcción se sitúa en torno a las 100.000 unidades anuales, configurando un escenario de elevada tensión.
Otro de los ejes de su intervención ha sido la falta de seguridad jurídica en el mercado del alquiler. Thomás de Carranza ha señalado que las políticas actuales “están protegiendo la okupación y aplicando cargas sobre los propietarios”, añadiendo que “los poderes públicos están trasladando a los dueños de viviendas las necesidades actuales”. En su opinión, “este enfoque erosiona la confianza de los propietarios y acaba repercutiendo en mayores precios y mayores exigencias de acceso”.
En esta línea, ha defendido la necesidad de implantar medidas que rechacen de forma clara la okupación y refuercen la protección del derecho de propiedad, con el objetivo de recuperar seguridad y previsibilidad en el mercado. “A mayor riesgo de impago, mayores precios y requisitos; así funcionan los mercados”, ha remarcado.
Durante su intervención, el abogado también ha recordado que la tasa de esfuerzo tanto en alquiler como en compra ya supera el 30% recomendado por los expertos, y que en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia se sitúa por encima del 40%. Por ello, instó a los responsables políticos a “dejar de lado su ideología, sentarse con los expertos del sector y llevar a cabo un gran Pacto de Estado por la vivienda, porque es tan importante como la sanidad o la educación”.
Thomás de Carranza ha mencionado al modelo catalán como ejemplo de los efectos adversos de las políticas intervencionistas. A su juicio, la limitación de precios no ha solucionado el problema y ha provocado una caída de la oferta. Ha recordado que, mientras en España hay más de 110 personas interesadas por cada vivienda en alquiler, en Barcelona la cifra se eleva hasta las 350. Además, ha apuntado que la declaración de más de 200 municipios como zonas tensionadas ha empujado a muchos propietarios hacia modalidades como el alquiler de temporada o por habitaciones.
El socio director del Despacho también ha señalado que hay algo que sí ha cambiado, refiriéndose a la tolerancia social frente a la Okupación. En referencia a la prórroga del “escudo social”, que paraliza los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026, ha destacado como punto positivo el hecho de que se trate de aliviar la carga que soportan los pequeños propietarios y ha recalcado que “los propietarios no pueden acarrear con las necesidades sociales y las responsabilidades del Estado”.
Como líneas de actuación, Thomás de Carranza apuesta por incrementar de forma decidida el parque público de vivienda -que en España apenas alcanza el 3% del total-, fomentar la colaboración público-privada, liberar suelo y agilizar los trámites urbanísticos. “Debemos proteger a los propietarios, fomentar la colaboración privada, liberar suelo y, especialmente, agilizar los infinitos trámites urbanísticos”, ha concluido.
