El problema de la financiación en la nueva ley de contratos públicos
Irene Ruíz de Valbuena. 31/05/2018.
Cinco Días cita en su artículo sobre la Nueva Ley de Contratos Públicos, a los socios del despacho Santiago Thomás de Carranza, José Leandro Martinéz Cardós y Rafael Truan Blanco
«La reconfiguración de los contratos de concesión implica que la empresa concesionaria asuma el riesgo total de la operación».
Casi tres meses después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en vigor desde el 9 de marzo) el desconocimiento sobre sus implicaciones prácticas es aún importante, sobre todo para las pequeñas corporaciones locales y las PYMES. Todo ello a pesar del valor de este mercado en la economía española, por ejemplo, en enero de 2018 el importe total de las licitaciones concedidas por la Administración Pública ascendió a 604,3 millones de euros.
Esta ley que nace para trasponer dos directivas europeas aprobadas en 2014 sobre contratación pública y contratos de concesión, expone como objetivo principal en su preámbulo «diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro». Lo que su vez debería traducirse en propiciar más oportunidades en las licitaciones, con una mayor seguridad jurídica, facilidad de participación, mejoras en su publicidad y control de las adjudicaciones. En definitiva, más competitividad y más posibilidades de negocio para las PYMES.
Algo que según José Leandro Martínez-Cardos Ruíz, socio consultor de Thomás de Carranza Abogados, no se está consiguiendo.
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