RECLAMACIONES FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El principio de responsabilidad patrimonial que consagra nuestra Constitución (artículo 106.2) como garantía de los ciudadanos frente a los daños causados por las Administraciones Públicas, constituye un principio básico de nuestro Estado de Derecho, necesario contrapeso frente al ejercicio del poder público. Las Administraciones Públicas están obligadas a responder de los daños y perjuicios causados siempre que se den los presupuestos exigidos para tal responsabilidad.
En Thomás de Carranza Abogados llevamos más de 20 años defendiendo los derechos e intereses de nuestros clientes frente a los daños causados por las Administraciones Públicas, asumiendo su representación tanto en la fase administrativa previa (procedimiento administrativo) como en la fase judicial (procedimiento contencioso-administrativo).
¿Quién puede reclamar?
Todas las personas, físicas y jurídicas, que hayan sufrido un daño que no tengan el deber jurídico de soportar.
Asesoramiento Personalizado:
Este tipo de reclamaciones no se pueden tratar como si fueran todas iguales. Es preciso analizar de forma pormenorizada las circunstancias concretas de cada caso y los daños causados pues solo así podremos ajustar al caso concreto la mejor estrategia de defensa. Conscientes de ello, el Despacho, con carácter previo al inicio de cualquier actuación de reclamación, realizará un análisis sobre la viabilidad del caso concreto, a fin de que el Cliente conozca desde un principio que es lo que puede esperar del mismo, así como los riesgos asociados (expectativas / riesgos del caso / costes / plazos).
El Despacho Thomás de Carranza Abogados es un despacho altamente especializado en el campo del derecho administrativo y del derecho procesal y cuenta con gran experiencia y reputación en la defensa de los derechos e intereses de sus clientes. Durante los últimos años los profesionales del Despacho han participado en miles de procedimientos administrativos y judiciales de reclamación. El Despacho cuenta con una extensa red de abogados y procuradores colaboradores situados en las principales plazas del territorio nacional.